¿CÓMO ANDA LA INCUMBENCIA?

Una paradoja de la elección parlamentaria es que, a pesar de todo el descontento que se señala que existe con la política, el porcentaje de diputados que fueron a la reelección y que lograron ser nuevamente electos (esto es lo que se conoce como tasa de incumbencia) no varió de manera importante respecto de otras elecciones, siendo prácticamente el mismo que venimos observando desde 1993. Dicho en otros términos, a pesar de la mala evaluación y alta desconfianza hacia los partidos políticos, Congreso y políticos en general, el 80% de los diputados que fueron a la reelección ganaron.

Para tener una idea de lo que ocurrió, veamos algunos antecedentes. Primero, desde 1989, sólo 6 diputados (tres de la Alianza y 3 de la Nueva Mayoría) aún permanecen en la Cámara, siendo este su séptimo período parlamentario. No obstante ello, de no ser porque postularon al Senado o no fueron a la reelección es muy probable que hoy habrían permanecido otros 2 más. Por último, 22 diputados (18,3%) no han perdido ninguna elección desde 2001; es decir, están entrando a su 4º, 5º, 6º o 7º período.

Pero qué explica estos antecedentes. En primer lugar, claramente el voto voluntario no puede ser considerado el causante; estos porcentajes aparecen con o sin voto voluntario. Así, en países como Alemania los porcentajes de reelección son similares, pero más importante aún con voto obligatorio, estos porcentajes eran iguales o superiores, como ocurrió en 1997 o 2005.

Por otra parte, es probable que la masa de votantes no haya cambiado mucho. Y lo cierto es que al parecer así es, y en los casos que se han producido cambios, ya sea aumento o disminución, ello ha tenido un impacto en el resultado y es posible que responda a cambios en las candidaturas (nuevos candidatos), lo que podría haber implicado mayor competencia.

Es probable que algunos ya estén pensando que el gran causante de todo ello es el sistema electoral binominal, pero ello no necesariamente parece ser así. En efecto, países con sistemas tan diversos como Alemania, Estados Unidos, Canadá o Irlanda poseen porcentajes similares.

Luego, ¿cuáles son las causas? Antes de intentar una respuesta, dejemos en claro que altas tasas de reelección no tienen por qué ser una característica negativa de un sistema político. De hecho, los remedios que se pueden sugerir, como, por ejemplo, límites a la reelección, pueden ser más dañinos para el sistema. Por lo pronto, porque aquellos parlamentarios eficientes y que contribuyen de manera significativa al sistema podrían quedar excluidos; segundo, la salida de los malos parlamentarios no asegura la llegada de mejores; tercero, un aspecto central de la dinámica legislativa es el conocimiento de ella por parte de los parlamentarios reelectos, situación que mejora el funcionamiento del órgano legislativo; cuarto, bajo un sistema de límites a la reelección aumenta el riesgo de que los parlamentarios que terminan en sus funciones tengan menos incentivos a un trabajo legislativo más acucioso: después de todo, ya no deben invertir tiempo en reelegirse; y sexto, por citar algunas razones, el poder que los incumbentes tienen sobre su distrito y la selección de quienes los reemplazarán no necesariamente se diluye, lo que los hace igualmente decisivos.

Volviendo a las causas, al parecer no son otras que el apego a sus distritos; las características de quienes los desafían; el hecho de ser conocidos y por lo tanto contar con mayores recursos simbólicos, particularmente quienes ya llevan 6 o 7 períodos (más de 20 años); la estabilidad del electorado, es decir, quienes componen electoralmente el distrito y votan; y ciertamente, aspectos ideológicos y variables de contexto, tales como el nivel de desarrollo económico y las tasas de desempleo.

Para Tejemedios escribió
EUGENIO GUZMÁN
DECANO FACULTAD DE GOBIERNO U.D.D

EL ANSIADO PROGRAMA DE LA CONCERTACIÓN

Anthony Downs sostenía que los partidos políticos elaboran programas sólo para ganar elecciones. Ciertamente, por cínica que parezca esta tesis, refleja en gran medida los derroteros por los que se mueve la política real. La base electoral de un partido o coalición no siempre es homogénea, al punto de que todos sus electores, militantes y dirigentes coincidan plenamente. 

De este modo, para concitar apoyo electoral, los programas contienen una cuota significativa de ambigüedad, cuyo propósito central es permitir un grado de acuerdo tal que permita ganar elecciones y que la mayor cantidad de personas se sienta interpelada. Es decir, que todos puedan decir finalmente que han sido considerados sus planteamientos.

No es casualidad que el propio Walker (Ignacio), habiendo redefinido lo que para la DC serían los temas valóricos —la injusticia, la desigualdad, el desempleo, el deterioro del medio ambiente, etc., más que el matrimonio igualitario—, señalara que se sentían plenamente satisfechos. Por último, Vallejo más escéptica, habiendo advertido la necesidad de revisar “punto por punto” el programa y así visualizar la “letra chica”, terminó señalando que en lo grueso, en educación, concordaban con el programa.

Pero además de la ambigüedad, el programa es extraordinariamente ambicioso. En efecto, de los 3 pilares sobre los que estaba originalmente estructurado, es decir, reforma constitucional, educación y reforma tributaria, tuvo que dar lugar a temas que irremediablemente tienen que ser desarrollados en todo programa: descentralización, desarrollo económico, salud, vivienda, pobreza, equidad de género, modernización del Estado, discriminación, cultura, transporte, etc.
Cabe preguntarse acerca de cómo en 4 años sería posible llevar a cabo un programa de esta envergadura. Por lo pronto, en materia tributaria se plantea una reforma cuya recaudación sería de US$ 8.200 millones, a los que se sumarán otro monto similar, y que, en lo sustancial, provendría de holguras de crecimiento económico, menor evasión, reasignaciones presupuestarias, y otros cambios tributarios que, aunque menores, son no poco controvertidos (impuestos a combustibles).

Por su parte, en educación se expresan frases como las siguientes: “Todos los establecimientos educacionales deberán ser de excelencia. Para esto debe entregarse las herramientas y recursos necesarios para mejorar la calidad y asegurar una efectiva fiscalización…”. Asimismo, se plantea acabar con el financiamiento compartido; terminar con la administración municipal de la educación; la creación de 2 universidades estatales en regiones y centros de formación técnica en cada región, asumiendo a priori que son necesarios; se plantea la construcción de 4.500 nuevas salas cunas para incorporar a cerca de 90.000 menores.

Por otra parte, en materia de reforma constitucional, el prurito fundacional de la que hoy empapa a la Concertación, plantea ajustes y definiciones propias, que sin lugar a dudas trazan desafíos y debates legislativos no menores, y que tomarán tiempo.

Finalmente, hay muchas otras propuestas, tales como nuevos ministerios; ampliar las coberturas de salud; el salvataje de Enap; la elección de intendentes (y sin quererlo se dará más poder a las regiones mas pobladas); estudiar la situación de los deudores de Indap (¿condonación de deudas?), etc., que no sólo demandarán tiempo, sino que también recursos.
En definitiva, el programa tiene un problema de fondo, que es el exceso de expectativas sobre el que cimenta y las que posiblemente generará.

Para Tejemedios escribió:
EUGENIO GUZMÁN ASTETE
LICENCIADO EN SOCIOLOGÍA
MÁSTER EN CIENCIAS DE LA SOCIOLOGÍA

¿DEBATE O DESTAPE?

El debate que vimos hace unas semanas, ciertamente sorprendió a muchos. Tanto por el tipo de expresiones de algunos candidatos, tales como, por ejemplo, “los delincuentes que hoy están gobernando”; “todos los derechos en Chile están conculcados y no existes”; “hemos planteado la condonación… de todas las deudas hasta 60 millones de pesos”. Pero la sorpresa también fue debida a los lugares comunes, las frases repetidas y complacientes para el electorado de regiones.

Se ha argumentado que no se trató de un debate, ya que el diseño empleado era muy rígido y no permitía la interpelación entre los candidatos. La verdad es que un debate con 8 candidatos no resulta del todo muy factible de llevar a cabo. Ni menos si Bachelet hubiese asistido. Resulta muy poco probable que exista algún diseño que lo permita. Claro, en febrero de este año, previo a las elecciones presidenciales de marzo en Kenia, los 8 candidatos se enfrentaron en un debate que duró 210 minutos y en el último debate presidencial en Irán (en junio), en que participaron también 8 candidatos, duró más de 240 minutos, el doble del nuestro.

Todo “debate” está sujeto a reglas y condiciones que establecen las distintas candidaturas (el caso norteamericano es clásico). Esto cobra especial relevancia cuando se enfrentan candidatos de muy baja representación con otros de alto respaldo. Los primeros están conscientes de que —y si no lo están sería penoso— sus candidaturas son testimoniales y buscan levantar o mantener temas en la agenda (por ejemplo, los humanistas-verdes que desde 1993 han presentado candidatos cuyos porcentajes de votación no superan el 1,5% con la excepción de 2005 en que fueron en alianza con el PC). Por el contrario, los segundos tienen que responder a segmentos importantes del electorado y a partidos o coaliciones, con representación legislativa, y en consecuencia las exigencias frente a las distintas audiencias son mucho mayores.

Adicionalmente, la tentación efectista que ofrecen las campañas electorales, sobre todo cuando hay una amplia cobertura mediática, es un factor decisivo, dados los tiempos televisivos y el formato. En consecuencia, se busca interpelar al televidente con frases grandilocuentes o respuestas que no dicen nada o que no son respuestas propiamente tales.
Por último, el modelo de segunda vuelta es posible que incentive un mayor número de candidatos (supuesto que existe algún tipo de financiamiento), ya que el costo de la dispersión de votos de partidos que presentan sus propios candidatos, en vez de buscar acuerdos, es muy alto. Además, al parecer los sistemas de dos vueltas generan la posibilidad de cierto voto “sincero” en la primera, y uno estratégico en la segunda, si bien no de manera generalizada, al menos en algunos electores.

Más que el diseño del debate, el que no cabe duda que incide, el problema es el número de candidatos. Más que la capacidad o no de los conductores, periodistas y preguntas, tiene que ver con una combinación desastrosa de número de candidatos con los pesos electorales de cada uno de ellos, lo que da como resultado objetivos completamente distintos a la hora de participar.

¿Tiene solución este problema? A menos que se introduzcan cambios más estructurales, tales como que no baste tener un número determinado de firmas para ser candidato, puesto que ello incentiva cierto oportunismo de última hora (candidatos sin partido, descolgados o aventureros); podría exigirse el apoyo de partidos ya establecidos, por ejemplo, con al menos una elección en funcionamiento. Una propuesta como ésta puede ser criticada como antidemocrática, pero también lo sería que no se invitara a todos los candidatos a un debate televisado, aunque fuera de una institución privada. En todo caso, el hecho de establecer criterios más estrictos para ser candidato tiene la ventaja de asegurar cierta institucionalización del proceso electoral.

Para Tejemedios escribió:
EUGENIO GUZMÁN ASTETE
LICENCIADO EN SOCIOLOGÍA
MÁSTER EN CIENCIAS DE LA SOCIOLOGÍA

¿CONSEJEROS DE QUÉ…?

Muchos habrán escuchado que en las próximas elecciones presidenciales, diputados y senadores se erigirán, también, consejeros regionales. El tema ha sido tratado en distintos medios y columnas de opinión, en las que se han advertido sobre su importancia y funcionamiento. Aún así todavía son muchos quienes desconocen a los candidatos, funciones e importancia de dichos consejos.

Por lo pronto, los consejeros regionales tendrán a su cargo la asignación de los recursos del Fondo de Desarrollo Regional, que alcanzan a unos 1.800 millones de dólares, lo que si bien será en conformidad a las propuestas del intendente, constituye un monto de recursos considerable.

Pero, además, los consejos tienen una serie de funciones, tales como aprobar los planes regionales de desarrollo urbano; los planes reguladores metropolitanos y los planes reguladores intercomunales propuestos por la Seremi del Minvu; pronunciarse respecto de aquellos aspectos objetados de los planes reguladores comunales por parte de la Seremi del Minvu; aprobar, modificar o sustituir el plan de desarrollo regional y el proyecto de presupuesto regional; fiscalizar el desempeño del intendente en su calidad de presidente del consejo; entre otras.

Visto así, la elección es relevante. Ténganse en cuenta los desafíos urbanísticos del país. Pero existe otro aspecto relevante y tiene que ver con su número. En efecto, al ser calculados con el censo de 2002, su número asciende a 278 y empleando las cifras preliminares de 2012, aumentarían a 282. Pero más allá de la base que se emplee, esta era una oportunidad para revisar estos números. En efecto, existen regiones en que se eligen 34 consejeros (Metropolitana) y otras 14 (Aysén), es decir, 2,4 consejeros más. Si el criterio respondía a principios de proporcionalidad poblacional, Santiago debiera haber elegido 27 veces más consejeros que Aysén, lo cual parece un tanto descabellado, pues de lo que aquí se trata es de administración de recursos y no sólo de representación poblacional. Es decir, en principio las regiones no inciden en las funciones y los recursos de otras. Luego, lo que correspondía no era emplear este tipo de criterios para establecer un número determinado (como ya ocurre en los consejos comunales). De hecho, se podrían haber empleado fórmulas que mejoraran la proporcionalidad poblacional con un 40% menos de consejeros; es decir, con 164 y con tamaños de consejos significativamente más funcionales y de menor tamaño.

Para simplificar el proceso de votación se ha recurrido a un método que desregionaliza la elección, para lo cual se establecen 64 circunscripciones provinciales, que aunque no corresponden a las 54 comunas del país, sí se asemejan.
Ahora bien, si lo que se buscaba evitar era una excesiva concentración de candidatos de una provincia o comuna, que sesgaran las decisiones a favor de ellas, el sistema actual tampoco lo evita. Para evitarlo existen otros instrumentos de la administración nacional, como las normas generales de asignación de recursos.

Habiendo atendido a criterios de administración más que de proporcionalidad poblacional para determinar el número de Cores, por ejemplo, un número fijo de consejeros por región, no se correría el riesgo de reproducir matices internos regionales que le hacen perder su sentido de unidad. Y si éstos existen, entonces es hora que pensemos otra división administrativa.

Por último, para dimensionar el tamaño del voto que cada uno de los votantes el día 17 de noviembre, pensemos que a los 9 candidatos presidenciales se sumaran un promedio de 8 candidatos a diputados y algo semejante en candidatos a senadores, y por último, un promedio de uno 20 candidatos a consejeros regionales, vale decir: entre 37 y 45 candidatos. Lo que hace latamente probable que la elección de Cores termine siendo capturada por los partidos políticos y la lógica de pacto y subpactos que no necesariamente es la mejor, sobre todo cuando era posible poner en práctica fórmulas más simples y directas como la que fueran elegidos los candidatos con mayor número de votos de primer y segunda preferencia.

Para Tejemedios escribió:
EUGENIO GUZMÁN ASTETE
LICENCIADO EN SOCIOLOGÍA
MÁSTER EN CIENCIAS DE LA SOCIOLOGÍA