CUANDO LA CARRETA VA DELANTE DE LOS BUEYES

Como con otros proyectos, el Gobierno ha anunciado de modo rimbombante el que crea el “Administrador Provisional y de Cierre de Instituciones de Educación Superior”. Cuesta entender que ésta sea la forma de iniciar una reforma educacional después de todas las expectativas que se han generado. Por lo pronto, se ha insistido casi de forma majadera sobre la necesidad de la reforma tributaria para conseguir la gratuidad y mejorar la calidad de la educación.

Pues bien, en vez de abordar los temas de fondo, se propone un proyecto que, dicen, responde a una urgencia. Y si bien esto es correcto, se propone una fórmula que va más allá de lo esperado.

Para entenderlo, veamos unos ejemplos. Por lo pronto, se plantea que el Ministerio de Educación podrá iniciar la investigación “por medio de resolución fundada y previo acuerdo del Consejo Nacional de Educación”, y que una vez terminada podrá nombrar un administrador provisional o de cierre, si ha sido revocado el reconocimiento oficial. Así, en el mejor estilo del modelo inquisitivo, el ministerio se transforma en acusador, investigador y sentenciador.

Por otra parte, se señala que el administrador provisional podrá ser nombrado “cuando por cualquier motivo se encuentre en riesgo el cumplimiento de los compromisos académicos asumidos por la institución…”.

Pero, ¿qué se entiende por riesgo y cómo se puede precisar una situación de esta naturaleza? No corresponde a los Tribunales de Justicia tratar temas como éstos cuando están en discusión principios y derechos tan complejos. ¿Qué sucedería si la institución afectada es pública? ¿Tendrán las autoridades del ministerio la misma fuerza para enfrentarla?

Pero hay más. Tratándose de las facultades dadas al administrador o más bien interventor provisional, se aprecia que son tan extensas que constituyen un verdadero “golpe de Estado” a la administración universitaria, que se hace completamente innecesaria cuando toda la institucionalidad queda cuestionada o bajo control de un actor externo.

¿Quién controla a esta especie de “dictador”? ¿Quién puede asegurar que las decisiones que tome sean las más adecuadas? ¿Qué ocurre en caso de que éstas agraven los problemas de la institución intervenida?

Si de propuestas riesgosas se trata, pensemos que se sugiere que las remuneraciones del administrador provisional sean de cargo de la institución. Luego, ¿cómo se entiende que un funcionario del ministerio deba percibir remuneraciones adicionales? ¿O se tratará de una persona ajena a la administración pública? Y si éste es el caso, ¿cómo se fijará el monto que reciba?

Por otra parte, consideran que este interventor podría durar de manera indefinida, pues es renovable (y no se indica por cuántos períodos), acaso ¿los incentivos a la intervención no son permanentes? Por lo pronto, la institución puede seguir funcionando (aceptando nuevas matrículas) con este interventor a cargo, por lo que no hay muchas dudas respecto de los incentivos para intervenir y seguir en el cargo.

Nuevamente, el Gobierno responde con una lógica inmediatista que no ayuda a la reflexión y el debate. Los riesgos de captura a los cuales pueden estar sujetos los regulados por parte de los reguladores, y viceversa, son claros. No tener en cuenta este tipo de evaluaciones y, de un plumazo, proponer regulaciones como las señaladas, puede terminar causando males mayores.

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EUGENIO GUZMÁN

DECANO FACULTAD DE GOBIERNO-UDD

GOBERNAR PARA LAS CLASES MEDIAS

La metamorfosis de la Concertación en Nueva Mayoría se la ha visto principalmente como un giro hacia la izquierda, que consistiría en la incorporación definitiva del Partido Comunista. Dicha incorporación, sin embargo, no es el único factor. Por lo pronto, desde un punto de vista electoral, desde hacía tiempo, a través de acuerdos informales por la vía de los hechos, la adhesión de éste en las urnas se había expresado en diversas oportunidades. Así, desde la presidencial de 1999 esto fue claro y se concretó paulatinamente en las elecciones posteriores.

Existe otro factor que es más complejo de identificar y administrar, y tiene que ver con los sectores a los que quiere dirigir un discurso, a saber: las clases medias. El giro programático así lo insinúa. De hecho, si observamos una de las principales demandas que generaron las movilizaciones en el gobierno de Piñera, las de educación, no hacían otra cosa que reflejar los problemas que enfrentan los sectores medios. En efecto, desde 1990 a la fecha más de un 30% de las familias chilenas dejaron la pobreza y comenzaron a acceder a bienes y servicios que antes no tenían, entre ellos la educación subvencionada particular (con y sin financiamiento compartido) y la educación superior (más del 60% de los estudiantes que ingresan al sistema universitario sus padres no provienen de él, según Jorge Castillo y Gonzalo Cabezas).

Pero estos sectores sociales anidan en su interior una contradicción; por una parte, desde un punto de vista económico-social son heterogéneos, pero desde un punto de vista político-cultural, son homogéneos, lo que se expresa en su impaciencia y en que son herederos de una tradición que le asigna un rol central al Estado.

En lo económico-social su heterogeneidad se manifiesta de muchas formas, pero tal vez la más clara es que en muchos casos su ascenso social no ha estado caracterizado por mayores niveles de seguridad económica. De hecho, cualquier evento crítico (desempleo o enfermedad) hace tambalear sus finanzas. Hay otros grupos que, aunque exhiben mayor seguridad económica y sienten que los eventos críticos no los amenazan con devolverlos a la pobreza, sí se ven privados de los beneficios de la sociedad de consumo. Por último, están también quienes teniendo aun mayor seguridad, consideran como eventos críticos lo que tiene que ver con el acceso a determinados bienes.

Desde un punto de vista político-cultural, se trata de sectores que han construido su identidad de manera mixta, es decir, fueron los receptores de una red social organizada desde el Estado que les permitía, en algunos casos, acceder a la vivienda, la salud y la educación, entre otros. Pero, por otra parte, el acceso a un sinnúmero de otros bienes ha sido el resultado de su propio esfuerzo. Claro está que para sostenerlo requieren eximirse de la carga que sus hijos y ellos mismos enfrentan para gozar de educación privada, acceso a la universidad, isapres, automóvil, etc. Esto da lugar a una identidad que exige más Estado en algunos casos y menos en otra.

Algunos desean la gratuidad en educación superior, pero al mismo tiempo quieren que los impuestos específicos a los combustibles disminuyan y quieren carreteras gratis, pues se les dice que sus impuestos las financian. Y muchos preferirían no hacer aportes al colegio subvencionado de sus hijos; sin embargo, quieren seguir gozando de la exclusividad del colegio en que estudian. Algo similar ocurre en salud.

En resumen, se trata de sectores que integran en su visión de la realidad la inmediatez, propia de una historia de esfuerzos personales de acceso al consumo, pero también de cierto asistencialismo heredado de sus historias de vida. Por primera vez hoy son contribuyentes y por lo tanto exigen más. Son menos ideológicos y más heterogéneos en sus demandas, y gobernar para ellos es mucho más caro de lo que era para los sectores más populares.

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EUGENIO GUZMÁN

DECANO FACULTAD DE GOBIERNO-UDD

UNA ISLA EN EL PACÍFICO

La reciente noticia de que a partir de mayo próximo los chilenos podrán viajar por turismo y negocios sin visa a los Estados Unidos es tal vez una de las más relevantes en lo que respecta a movilidad internacional de personas de las últimas décadas para el país. Si bien no necesariamente se corresponde con una ampliación de las políticas de inmigración norteamericanas, claramente es un avance, toda vez que es un reconocimiento, una forma de flexibilización del fenómeno.

En relación con esto último, cabe preguntarse si existen en Chile políticas destinadas a flexibilizar la inmigración. Si bien se dirá que la legislación lo permite, en la práctica, las dificultades reales que enfrentan quienes quieren inmigrar no son menores. A modo de ejemplo, el plazo estimado para el otorgamiento o rechazo de una visa de residencia temporal es de aproximadamente tres meses, lo que puede demorar aún más dependiendo de las facilidades para clarificar a los postulantes la secuencia de trámites.

En este sentido, cabe la hipótesis de que no se cuenta con la capacidad de recabar de manera eficiente y oportuna información sobre los postulantes en el país de procedencia, pero también, en el caso de la postulación que se hace en Chile, es altamente probable que nuestros propios sistemas de información presenten ciertas falencias.

Pero existe otra dimensión, que podríamos llamar “ideológica”. Sí, ideológica, en el sentido de que existiría una visión sobre la migración que distorsiona la realidad y sobre la cual creamos y aplicamos leyes y actitudes refractarias a ella. En efecto, cuando abordamos el tema de la inmigración se disparan un conjunto de alertas sobre los riesgos de flexibilizar las normas actuales, las que van desde quienes sostienen que ayudaría a la llegada de individuos de dudosa reputación (delincuentes), hasta quienes postulan que ello significaría mano de obra barata con efectos locales negativos en materia de empleo y salarios, además de fomentar el abuso a los extranjeros. La verdad es que lo primero puede suceder, pero también de manera ilegal con la actual legislación.

Respecto de los efectos económicos sobre los empleos y salarios nacionales, no es para nada claro que la inmigración tenga un efecto negativo. Existe evidencia contraria de que en realidad tiene un efecto positivo en la expansión de las economías locales (Borjas 2006; Card 2001, 2007, 2009; Card and Lewis 2007; Peri 2009, y Peri and Sparber 2009). Si bien se pueden esperar efectos de corto plazo, ellos son más que compensados en el mediano y largo plazo.

Tal vez lo que da origen a esta ideología es una suerte de síndrome de “isla”, que por mucho tiempo, como un mito, ha estructurado nuestra visión de la realidad y del mundo. Obviamente, no es exclusiva nuestra, pero es más densa de lo que creemos. De hecho, nos hace olvidarnos de la extraordinaria influencia y aporte de los inmigrantes en Chile, a pesar de ser un país de bajos flujos migratorios. El mayor porcentaje de residentes extranjeros en Chile tuvo lugar en 1885, llegando a un 4,5% de la población, en 2002 llegaba a 1,2%, y actualmente se estima en 2,2% (de hecho, la más alta en 70 años). En Estados Unidos, en 1880 alcanzaba al 13,3% y en 2010 a un 12,9%.

Aunque debemos hacer todas las salvedades del caso, uno de los impulsos más notables del desarrollo tiene que ver con los flujos migratorios, con el aporte de miles de personas a través de su trabajo, esfuerzo e inventiva. Los inmigrantes tienen una característica que no se sopesa con claridad, a saber, la fuerza y el empuje nada más ni nada menos que para migrar, para buscar nuevas oportunidades.

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EUGENIO GUZMÁN

DECANO FACULTAD DE GOBIERNO-UDD

PROTESTAS ESTUDIANTILES EN EL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI

Las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela dejan en evidencia las paradojas del socialismo del siglo XXI inaugurado por Hugo Chávez. Es decir, en el más puro estilo populista, eliminando toda intermediación institucional —bien sea de partidos o de cualquier órgano administrativo del Estado—, una vez controlado el poder político, se han realizado todo tipo de acciones que sólo acrecientan el poder del Ejecutivo.

Es así que, bajo un sistema presuntamente democrático, se han llevado a cabo toda suerte de reformas tendientes a acrecentar el poder del gobernante. Resulta difícil pensar que un sistema como ése pueda calificarse de democrático: control sobre la prensa y, con ello, límites a la libertad de expresión; control de la economía, no sólo a través de la imposición de regulaciones, sino que a través de la intervención directa en materia de fijación de precios, expropiaciones, controles de cambio (precios de la divisa); y, por último, lo más grave: la intervención politizada del sistema judicial y la entronización de la discrecionalidad del régimen y sus adherentes.

Esta es la primera paradoja. Las promesas iniciales de la “revolución bolivariana” eran acabar con la corrupción y avanzar hacia un sistema democrático real e igualitario, pero ha terminado reproduciendo los mismos vicios que pretendía erradicar.

Una segunda paradoja tiene que ver con las protestas estudiantiles que están en las noticias internacionales hace varios días. En ellas no se hacen demandas ideológicas, sino que sobre aspectos mínimos de la vida cotidiana y que son centrales a la idea de una sociedad democrática saludable: seguridad ciudadana, inflación bajo control y acceso a bienes básicos.

No se debe olvidar que la inflación (oficial) actualmente alcanza el 56,3%, el índice de escasez en enero afectó a uno de cada cuatro productos básicos, y la violencia criminal se cobra un saldo de entre 39 y 79 homicidios anuales por cada 100.000 habitantes —según se trate de estadísticas oficia-les o de ONG—, vale decir, entre 11.500 y 23.5000 personas asesinadas (al inicio del gobierno de Chávez, dicha tasa era de 25 homicidios cada 100 mil habitantes.

En comparación, la de nuestro país es de 3,3). La respuesta del oficialismo ha sido amenazar con sanciones a los medios de comunicación que “hagan promoción de la violencia”; en buenas cuentas, que muestren la forma en que se están llevando a cabo las protestas, en cumplimiento de su función periodística.

La tercera paradoja se relaciona con los muertos en las protestas y el llamado de Maduro a la pacificación del país. Lo sorprendente es que la lógica detrás del planteamiento de “pacificación” expresa una falta de comprensión de lo que está ocurriendo. Maduro no entiende que es el propio modelo bolivariano el que está haciendo crisis y que, en definitiva, lo que ocurre hoy es la resultante de un programa político, económico y social que fracasó en la mayoría de las políticas que ha diseñado e impulsado para superar los numerosos problemas del país. En buenas cuentas, un modelo de desarrollo “sesentero” que ha descuidado la mayoría de los recursos humanos y materiales de una economía rica en ellos.

No es de extrañar, entonces, que para Maduro lo que está ocurriendo no sea otra cosa que una conspiración en contra suya por parte de “fascistas de la derecha venezolana”. No cuando lo único fascista es la política de un gobierno con las características que apreciamos.

Por último, no deja de llamar la atención que mientras países como Cuba, Argentina, Bolivia y Nicaragua solidarizan fervientemente con el gobierno de Maduro —con duros epítetos para los venezolanos que se manifiestan en las calles—, el nuestro emita una tímida declaración pidiendo respetar el Estado de derecho, sin llamar las cosas por su nombre. No es casualidad que durante una década y media los sucesivos gobiernos chilenos se hayan comportado con una suerte de asepsia respecto de todo lo que ocurre en Venezuela, con la única excepción de la administración de Lagos.

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EUGENIO GUZMÁN

Decano Facultad de Gobierno-UDD

LA FAMOSO SINTOMATOLOGÍA DEL PRIMER AÑO

El debate en torno a la nominación del gabinete, en particular la designación de Claudia Peirano en la Subsecretaría de Educación, plantea una serie de desafíos del próximo gobierno. Por lo pronto, las críticas surgidas al interior de la Democracia Cristiana, especialmente de la ex ministra de esa cartera, Yasna Provoste, responderían a un problema más profundo; en concreto, cierta tensión, por decir lo menos, al interior del propio partido. Después de todo, al parecer quienes alertan sobre esta situación no son sólo los estudiantes, sino que más bien voces desde dentro de la DC.

Pero más allá de eso, el problema radica en que se trata de una reacción que se hace pública, generando una tensión innecesaria en un proceso que hasta el momento parecía prístino.

En este sentido, el diseño de gabinete empleado por Michelle Bachelet hasta el momento parece desafiado desde el interior de los partidos de su coalición, o, para ser más precisos, desde una corriente interna. En buenas cuentas, se trata de un diseño que se caracteriza porque el énfasis está puesto en un eje de lealtad y compromiso con el Ejecutivo, más que en una lógica de redes políticas. Así lo expresaron las palabras del próximo titular de Interior, Rodrigo Peñailillo, quien dijo que para ser ministro “hoy no basta sólo la experiencia política”.

A lo anterior se agrega una designación de subsecretarios en la que no queda claro si los nombrados responden a esta última lógica (actores políticos con experiencia), o si se trata de personas que de algún modo están vinculadas también, de forma indirecta, con actores cercanos a la Mandataria electa. Ejemplos serían la dupla Peñailillo-Mahmoud Aleuy en Interior, o Javiera Blanco-Francisco Díaz en Trabajo, personas vinculadas a actores cercanos a Bachelet y que cuentan con la suficiente experiencia.

De ser así, se trata de un intento de síntesis para abordar los desafíos de un año de reformas en que la experiencia política y las redes son cruciales, dado que ellas serán discutidas en el Congreso. A menos, claro, que éste se transforme en un buzón de los proyectos que envíe el Ejecutivo para que sean aprobados y punto.

De cualquier modo, un tema que podría ser crítico es que el nombramiento de ministros y subsecretarios, más que responder a las funciones y jerarquía de cada uno, termine respondiendo a una estructura de paridad entre ambos; así, los subsecretarios (al menos en algunos casos), en vez de dedicar su tiempo y sus esfuerzos a tareas administrativas, terminarían articulando decisiones políticas a igual nivel que los ministros. O lo que sería más grave, que su comunicación con el Ejecutivo se hiciera directamente sin la intervención del superior directo, en este caso el ministro.

Así, surge la duda de si la mecánica entre estos dos niveles es capaz de funcionar adecuadamente. Si bien en los gobiernos de Lagos, Frei y Aylwin operó, ello fue posible debido a que la preeminencia de la lógica de lealtades personales estuvo bastante acotada y no se transmitió al gabinete en su totalidad. Desde 2005 con Bachelet, 2010 con Piñera y hoy, nuevamente con Bachelet, las cosas parecen distintas.

En este contexto, resulta complejo que ya antes del estreno en funciones del próximo gabinete, se ponga en duda el diseño implementado por la Presidenta electa. Si se concede la petición de renuncia de Peirano por parte de los críticos de la DC y otros, el efecto, aunque no sería devastador, sí sería crítico. Después de todo, lo que se encuentra detrás de la agenda de Bachelet es que, al igual que en 2005, no parece estar dispuesta a que los partidos le doblen la mano, menos aún sabiendo su popularidad y para qué decir a través de la prensa.

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EUGENIO GUZMÁN

DECANO FACULTAD DE GOBIERNO-UDD

Un abrazo a Ñuble y sus esforzadas comunas

¿SEGUIRÁ LA CRISIS EN RN?

Una cuestión central después del consejo nacional de RN es si la crisis del partido, en particular las renuncias de sus parlamentarios, podría darse por superada. Después de todo, la declaración oficial deja en evidencia que la posición, hasta el momento, no habría cambiado mucho de la que se tenía hasta antes de la cita. En efecto, el diagnóstico parece el mismo en relación con la responsabilidad del Gobierno en la derrota electoral, a lo que se agregan las críticas a los dirigentes renunciados.

Lo contradictorio es que se invita a Sebastián Piñera a reintegrarse al partido y, al mismo tiempo, se critica a su gobierno como responsable de los fracasos político-electorales acaecidos. Por si fuera poco, se sumaron las declaraciones de Ossandón en que sostiene que todo obedece a un plan diseñado para dañar a RN. Así, no es de extrañar que entre los telespectadores del programa Tolerancia Cero que contestaron la pregunta sobre si Piñera retornaría a su partido, más de un 85% señalara que no lo creía.

Por su parte, la inclusión de críticas a los diputados que dejaron el partido en el documento final del consejo podría leerse como un triunfo de Carlos Larraín y un respaldo a su gestión como timonel. No obstante, lo que está en juego en las renuncias no se puede entender en razón de las explicaciones que han dado de ellas los salientes, y, en consecuencia, las críticas a los dichos no permiten comprenden lo que se encuentra detrás. Por lo general, las personas siempre desarrollan justificaciones de sus decisiones, o más exactamente sus conductas, sin que ellas sean las que las explican. Dicho de otro modo, las imputaciones de “clasismo, machismo y antisemitismo” o los desacuerdos en relación con temas legislativos (por ejemplo, el proyecto sobre el Acuerdo de Vida en Pareja), aunque revelan diferencias, expresan malestar con una forma de conducción.

Ciertamente dichas renuncias revelan diferencias ideológicas (liberales-conservadores); sin embargo, esta tensión ha estado presente en la derecha por bastante tiempo (como también se lo observa en la Concertación, hoy Nueva Mayoría), y a pesar de ello los partidos han podido salvar las distancias. Si bien se debe hacer la salvedad de que en RN los niveles de tensión han sido permanentes, debido a los grupos político-ideológicos que le dieron origen, hasta ahora no se había producido una situación como esta. En todo caso, la pregunta es sobre cuán extendido se encuentra dicho malestar y qué capacidad tienen los diputados salientes de arrastrar a otros dirigentes que no están dispuestos a esperar a mayo para un cambio de directiva.

Por otra parte, el hecho de haber destacado en la declaración del consejo los acuerdos alcanzados con la DC —aunque para ser precisos fueron con todos los partidos de la Concertación (PS, PPD, PR y DC)— abre otra arista al problema, que tiene que ver nuevamente con el rol que tendrá Larraín en los primeros meses del próximo gobierno y con su socio, la UDI. En efecto, si hasta ahora no parece clara la estrategia que tendrá el sector frente al nuevo gobierno, declaraciones como estas parecen oscurecer más el panorama.

Aunque en esta oportunidad Larraín aparece fortalecido, sólo los acontecimientos políticos de las próximas semanas — vale decir, el gabinete de Bachelet y el resultado de La Haya— pueden evitar que el tema siga en la discusión. De no ser así, el tema podría seguir escalando. De hecho, mientras la piedra de tope siga siendo el gobierno de Piñera, difícilmente se puede decir que el tema está zanjado. Y si bien el verano es un bálsamo que aplaca los humores, no lo es tanto como para evitar que nuevamente se enerven en marzo.

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EUGENIO GUZMÁN

DECANO FACULTAD DE GOBIERNO-UDD