PROTESTAS ESTUDIANTILES EN EL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI

Las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela dejan en evidencia las paradojas del socialismo del siglo XXI inaugurado por Hugo Chávez. Es decir, en el más puro estilo populista, eliminando toda intermediación institucional —bien sea de partidos o de cualquier órgano administrativo del Estado—, una vez controlado el poder político, se han realizado todo tipo de acciones que sólo acrecientan el poder del Ejecutivo.

Es así que, bajo un sistema presuntamente democrático, se han llevado a cabo toda suerte de reformas tendientes a acrecentar el poder del gobernante. Resulta difícil pensar que un sistema como ése pueda calificarse de democrático: control sobre la prensa y, con ello, límites a la libertad de expresión; control de la economía, no sólo a través de la imposición de regulaciones, sino que a través de la intervención directa en materia de fijación de precios, expropiaciones, controles de cambio (precios de la divisa); y, por último, lo más grave: la intervención politizada del sistema judicial y la entronización de la discrecionalidad del régimen y sus adherentes.

Esta es la primera paradoja. Las promesas iniciales de la “revolución bolivariana” eran acabar con la corrupción y avanzar hacia un sistema democrático real e igualitario, pero ha terminado reproduciendo los mismos vicios que pretendía erradicar.

Una segunda paradoja tiene que ver con las protestas estudiantiles que están en las noticias internacionales hace varios días. En ellas no se hacen demandas ideológicas, sino que sobre aspectos mínimos de la vida cotidiana y que son centrales a la idea de una sociedad democrática saludable: seguridad ciudadana, inflación bajo control y acceso a bienes básicos.

No se debe olvidar que la inflación (oficial) actualmente alcanza el 56,3%, el índice de escasez en enero afectó a uno de cada cuatro productos básicos, y la violencia criminal se cobra un saldo de entre 39 y 79 homicidios anuales por cada 100.000 habitantes —según se trate de estadísticas oficia-les o de ONG—, vale decir, entre 11.500 y 23.5000 personas asesinadas (al inicio del gobierno de Chávez, dicha tasa era de 25 homicidios cada 100 mil habitantes.

En comparación, la de nuestro país es de 3,3). La respuesta del oficialismo ha sido amenazar con sanciones a los medios de comunicación que “hagan promoción de la violencia”; en buenas cuentas, que muestren la forma en que se están llevando a cabo las protestas, en cumplimiento de su función periodística.

La tercera paradoja se relaciona con los muertos en las protestas y el llamado de Maduro a la pacificación del país. Lo sorprendente es que la lógica detrás del planteamiento de “pacificación” expresa una falta de comprensión de lo que está ocurriendo. Maduro no entiende que es el propio modelo bolivariano el que está haciendo crisis y que, en definitiva, lo que ocurre hoy es la resultante de un programa político, económico y social que fracasó en la mayoría de las políticas que ha diseñado e impulsado para superar los numerosos problemas del país. En buenas cuentas, un modelo de desarrollo “sesentero” que ha descuidado la mayoría de los recursos humanos y materiales de una economía rica en ellos.

No es de extrañar, entonces, que para Maduro lo que está ocurriendo no sea otra cosa que una conspiración en contra suya por parte de “fascistas de la derecha venezolana”. No cuando lo único fascista es la política de un gobierno con las características que apreciamos.

Por último, no deja de llamar la atención que mientras países como Cuba, Argentina, Bolivia y Nicaragua solidarizan fervientemente con el gobierno de Maduro —con duros epítetos para los venezolanos que se manifiestan en las calles—, el nuestro emita una tímida declaración pidiendo respetar el Estado de derecho, sin llamar las cosas por su nombre. No es casualidad que durante una década y media los sucesivos gobiernos chilenos se hayan comportado con una suerte de asepsia respecto de todo lo que ocurre en Venezuela, con la única excepción de la administración de Lagos.

Para Tejemedios escribió:
EUGENIO GUZMÁN
Decano Facultad de Gobierno-UDD

LA FAMOSO SINTOMATOLOGÍA DEL PRIMER AÑO

El debate en torno a la nominación del gabinete, en particular la designación de Claudia Peirano en la Subsecretaría de Educación, plantea una serie de desafíos del próximo gobierno. Por lo pronto, las críticas surgidas al interior de la Democracia Cristiana, especialmente de la ex ministra de esa cartera, Yasna Provoste, responderían a un problema más profundo; en concreto, cierta tensión, por decir lo menos, al interior del propio partido. Después de todo, al parecer quienes alertan sobre esta situación no son sólo los estudiantes, sino que más bien voces desde dentro de la DC.

Pero más allá de eso, el problema radica en que se trata de una reacción que se hace pública, generando una tensión innecesaria en un proceso que hasta el momento parecía prístino.

En este sentido, el diseño de gabinete empleado por Michelle Bachelet hasta el momento parece desafiado desde el interior de los partidos de su coalición, o, para ser más precisos, desde una corriente interna. En buenas cuentas, se trata de un diseño que se caracteriza porque el énfasis está puesto en un eje de lealtad y compromiso con el Ejecutivo, más que en una lógica de redes políticas. Así lo expresaron las palabras del próximo titular de Interior, Rodrigo Peñailillo, quien dijo que para ser ministro “hoy no basta sólo la experiencia política”.

A lo anterior se agrega una designación de subsecretarios en la que no queda claro si los nombrados responden a esta última lógica (actores políticos con experiencia), o si se trata de personas que de algún modo están vinculadas también, de forma indirecta, con actores cercanos a la Mandataria electa. Ejemplos serían la dupla Peñailillo-Mahmoud Aleuy en Interior, o Javiera Blanco-Francisco Díaz en Trabajo, personas vinculadas a actores cercanos a Bachelet y que cuentan con la suficiente experiencia.

De ser así, se trata de un intento de síntesis para abordar los desafíos de un año de reformas en que la experiencia política y las redes son cruciales, dado que ellas serán discutidas en el Congreso. A menos, claro, que éste se transforme en un buzón de los proyectos que envíe el Ejecutivo para que sean aprobados y punto.

De cualquier modo, un tema que podría ser crítico es que el nombramiento de ministros y subsecretarios, más que responder a las funciones y jerarquía de cada uno, termine respondiendo a una estructura de paridad entre ambos; así, los subsecretarios (al menos en algunos casos), en vez de dedicar su tiempo y sus esfuerzos a tareas administrativas, terminarían articulando decisiones políticas a igual nivel que los ministros. O lo que sería más grave, que su comunicación con el Ejecutivo se hiciera directamente sin la intervención del superior directo, en este caso el ministro.

Así, surge la duda de si la mecánica entre estos dos niveles es capaz de funcionar adecuadamente. Si bien en los gobiernos de Lagos, Frei y Aylwin operó, ello fue posible debido a que la preeminencia de la lógica de lealtades personales estuvo bastante acotada y no se transmitió al gabinete en su totalidad. Desde 2005 con Bachelet, 2010 con Piñera y hoy, nuevamente con Bachelet, las cosas parecen distintas.

En este contexto, resulta complejo que ya antes del estreno en funciones del próximo gabinete, se ponga en duda el diseño implementado por la Presidenta electa. Si se concede la petición de renuncia de Peirano por parte de los críticos de la DC y otros, el efecto, aunque no sería devastador, sí sería crítico. Después de todo, lo que se encuentra detrás de la agenda de Bachelet es que, al igual que en 2005, no parece estar dispuesta a que los partidos le doblen la mano, menos aún sabiendo su popularidad y para qué decir a través de la prensa.

Para Tejemedios escribió:
EUGENIO GUZMÁN
DECANO FACULTAD DE GOBIERNO-UDD
Un abrazo a Ñuble y sus esforzadas comunas